Policies on Innovation & Smart Cities

La necesidad de ser más competitivos – o lo que es lo mismo “crecer” – se ha convertido en un tema omnipresente, no sólo en el discurso político o en los medios, sino también en nuestras empresas, nuestra vida profesional e incluso en la personal. Se diría que un país con un 26% de paro, donde a con cada nuevo informe de Pisa no salimos de nuestro asombro de lo mal que está la educación o donde la inmensa mayoría de nuestras universidades se encuentran situadas en niveles nada envidiables – sea cual sea ranking que escojamos – es un país con un problema de competitividad importante.

Pensaríamos pues que ante un problema tan evidente como acuciante, los diferentes gobiernos se apresurarían a proponer un buen número de nuevas medidas en un intento de mejorar esta situación. Sin embargo, me parece que todos coincidiremos que no es precisamente éste el caso, aunque sean innegables la voluntad de cambio no sólo en las políticas existentes, sino también el esfuerzo en el diagnóstico y en la interpretación tanto de los problemas como de las soluciones.

Sin ir más lejos, hace unos días Pablo Iglesias en la entrevista que Risto Mejide le hizo al líder de Podemos comentaba su propuesta de instaurar en España una renta básica, ésta no es ni una propuesta ni una medida de política económica nueva pero la novedad estuvo en la interpretación de sus consecuencias.

En efecto, cuando Risto comentaba no sólo la escasa viabilidad de instaurar una renta básica en tiempos de crisis sino el hecho de que nos llevaría a crear una clase ociosa subvencionada, Pablo Iglesias argumentaba no ya en términos de justicia social sino en términos de competitividad personal. Si los trabajadores dispusieran de una renta mínima no estarían forzados a aceptar cualquier propuesta, decía, y las empresas deberán repensar y reinventar sus modelos de negocio para competir en algo más que en precio.

Detrás de esta simple propuesta vemos dos interpretaciones de sus efectos. ¿Sabemos cuál de ellas es verdad?. ¿Se convertirían los españoles en ociosos viviendo de rentas públicas y con ello disminuiríamos aún más su espíritu emprendedor? O, por el contrario, ¿teniendo asegurada una renta mínima viviríamos un Silicon Valley plagado de startups tecnológicas y los trabajadores tendrían la capacidad de aceptar sólo aquello que proporciona una compensación mínimamente justa?

Estos días estamos asistiendo a un continuo torrente de escenarios de corrupción que afectan no ya a pequeños colectivos sino al núcleo central de los principales partidos políticos.

Junto a ellos también asistimos con estupefacción a un conjunto de disculpas y explicaciones no ya absolutamente increíbles sino vergonzosas por lo que presuponen en cuanto a trato a la ciudadanía. Parece que un partido puede invertir una cantidad de dinero negro substancial en un medio como “Libertad Digital” y que esta decisión se toma sin la decisión e intervención de sus máximos dirigentes. Por favor señores, ¿por qué nos toman? No es éste un tema exclusivo del PP, sino que lo encontramos en prácticamente todos los partidos que han tenido responsabilidades de gobierno.

La raíz del problema es de todos conocida, durante la transición se tomaron una serie de decisiones, en gran medida por miedo a una involución que nos devolviese a la dictadura anterior, que han sido nefastas para España. Una de ellas fueron las listas cerradas que otorgan un poder total a las cúpulas de los partidos porque son ellas y no los votantes quienes deciden si la persona x está o no en las listas y su posición en ellas, por lo tanto si va a salir elegido o no. El congresista o senador no debe pues su puesto directamente a los votantes sino a la cúpula del partido que lo puso allí con lo que cualquier disidencia es atajada rápidamente y la crítica se acaba pronto.